La plataforma de afectados advierte al Gobierno tras reunirse con Fernando Clavijo que “no negocien con nuestras casas” y que “ya no nos convence nadie con palabras”
El Ejecutivo ni siquiera ha sido capaz todavía de contestar a ninguna de las 14.000 alegaciones presentadas contra la ley y solo ha analizado mil
“No negocien con nuestras casas porque de nuestras casas solo se habla con nosotros”. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) mantiene intactas sus advertencias al Gobierno de Canarias después de reunirse este lunes con el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, para trasladarle su triple rechazo a la ley de Modernización Turística de 2013, al decretazo de 2015 que la desarrolla y al Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de las Islas, que prohiben todo uso privado de apartamentos y bungalós turísticos. La PALT también conserva intacto su escepticismo tras este encuentro con el presidente, del que únicamente obtuvieron el compromiso de trasladar las peticiones de la PALT a los servicios jurídicos para analizar si es posible atenderlas. “No queremos simpatía sino respeto y ya no nos convence nadie con palabras. La palabra de político no nos vale para nada”, sentenció la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.
Las advertencias de la plataforma siguen intactas sobre la mesa, igual que su exasperación por el hecho de que hasta ahora el Gobierno solo haya negociado futuras leyes con empresarios y hoteleros, pero no con la plataforma. Maribe Doreste se preguntó “qué hacen los hoteleros hablando de apartamentos y bungalós que no les pertenecen”, en alusión a los pronunciamientos de los lobbies empresariales contra el uso privativo de bungalós y apartamentos y a los planes de modernización y mejora de las zonas turísticas, de cuya tramitación también se ha excluido absolutamente a los pequeños propietarios. La vicepresidenta subrayó además que la ley turística canaria es “la única de España que expulsa al pequeño propietario. Todos los modelos son de integración, excepto el canario. Y no queremos que nos traten como ocupas”.
Pero Doreste aún fue más allá y advirtió que el objetivo final de la maquinaria especulativa desatada por la ley turística es “expulsar a los canarios del Sur de Gran Canaria” y de todos aquellos otros municipios turísticos que vayan cayendo sucesivamente en el marco de aplicación de la ley. “Expulsar al pequeño propietario equivale a expulsar a toda la sociedad y condenarnos a un modelo en que si hay lleno turístico, como ocurrirá este verano, el canario tendrá que conformarse con ir al Sur en coche y con mochila y que encima le cobren el aparcamiento a 12 euros la hora”.
A pesar de que la máquina de la especulación no deja de intentar arrollar a los pequeños propietarios, el Gobierno de Canarias no moverá ficha con la ley turística al menos hasta 2017 y da prioridad a una ley del suelo que ya negocia con constructores y hoteleros y cuya tramitación finalizará como pronto a finales de 2016. El Ejecutivo ni siquiera ha sido todavía capaz de contestar ni a una sola de las 14.000 alegaciones que presentaron otros tantos propietarios en septiembre pasado, alertados por la plataforma y por sus comunidades de propietarios. De momento, lo único que ha hecho es examinar mil de estas catorce mil, pero sin responder todavía a ninguna. Y cuando se produzca, esta respuesta del Gobierno, a juzgar por lo que el propio Ejecutivo avanzó el lunes a la PALT, será de rechazo de las alegaciones
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Fernando Clavijo recibió este lunes a una comisión de la PALT encabezada por su presidente, Blas Padrón, y la propia Maribe Doreste. Sorprendentemente, al encuentro asistió la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Lady Nieves Barreto, pero no la responsable del área de Turismo, María Teresa Lorenzo. Igualmente sorprendente fue que Clavijo sentara también en la reunión al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, cuyo grupo de gobierno está pagando las consecuencias políticas de un paquete normativo y un Plan General que fueron redactados en su integridad por el anterior Gobierno de Canarias durante la presidencia de Paulino Rivero y que han desatado una movilización social sin precedentes.
El único compromiso adquirido por Clavijo con la plataforma en este encuentro fue el de trasladar sus peticiones a los servicios jurídicos. No en vano, la PALT llevó a la reunión un paquete de modificaciones cuya petición más sustancial es la exigencia expresa de derogación tanto de la ley turística de 2013 como del decretazo de 2015, que prohiben todo uso privativo de los apartamentos y bungalós por parte de sus legítimos propietarios y les obligan a ceder la explotación a una gestora única ante la cual quedan completamente inermes. Esa petición de derogación también la ha planteado dos veces el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Pero Clavijo ya indicó a la plataforma que “el melón” de la ley turística no se abrirá hasta 2017. Entre tanto, la especulación sigue campando a sus anchas en el Sur de Gran Canaria, donde el nuevo marco jurídico ha derribado los precios de mercado de bungalós y apartamentos.
Con posterioridad al encuentro del lunes con la PALT, el Gobierno hizo el intento de trasladar la idea de que introducirá en la nueva Ley del Suelo que negocia con los empresarios una salvaguarda “provisional” para que ningún residente con vivienda habitual en los complejos turísticos pueda ser privado de su residencia. Pero este propósito no va por ahora más allá de una mera declaración de intenciones que de momento ni siquiera tiene forma jurídica: a preguntas de esta web, Política Territorial no concretó este martes en qué consistiría esa salvaguarda provisional ni qué mecanismo se utilizaría para evitar los efectos del decretazo que ya se proyectan sobre miles de pequeños propietarios.
El propio Clavijo declaró este martes en alusión a los residentes que “nadie va a venir a quitarle de su propiedad”. Pero el presidente tampoco detalló en qué consistirá la supuesta medida provisional con que se consolidarán o quedarán fuera de ordenación los usos residenciales previos al decretazo turístico. Pero mientras, la ley turística y el decretazo se mantendrán sin tocar como poco hasta 2017 y el Plan General de San Bartolomé, el instrumento a través del cual se ejecutaría la exclusión de los residentes, seguirá su tramitación. En estas condiciones, se mantienen inalterados todos los perjuicios que la ley turística proyecta sobre los pequeños propietarios: sus inmuebles siguen perdiendo valor de mercado y mientras tanto actúan sin cesar los especuladores que tratan de hacerse con ellos o con su explotación a cambio de precios o rentas irrisorios.
Todas las consecuencias fueron descritas por la PALT ante el presidente del Gobierno. “Hemos visto gente llorando, gente con subidas de tensión, gente que lo está pasando muy mal porque quieren comprarles por 30.000 euros inmuebles por los que pagaron 120.000 euros y por los que se hipotecaron”. De momento, el actual Ejecutivo ni siquiera reconoce que esa espiral especulativa es consecuencia directa de la ley de 2013 y sobre todo del decretazo de 2015.
La PALT proseguirá mientras una ronda de contactos con instituciones y grupos parlamentarios. Este martes se reunió con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y este miércoles lo hará con el grupo Popular del Parlamento de Canarias. Según la PALT, Morales se mostró a favor de dar participación a los pequeños propietarios para que sean escuchados y tenidos en cuenta en los cambios legislativos que prepara el Gobierno regional.
