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Podemos y Nueva Canarias arremeten contra los derechos de los pequeños propietarios turísticos

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@teresacardenes

Los grupos políticos de Podemos y Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias se proponen asestar un duro golpe a los derechos de miles de pequeños propietarios de inmuebles turísticos al pedir en la Cámara que se elimine de la Ley del Suelo la compatibilidad del uso residencial y turístico. El Gobierno de Fernando Clavijo recogió en este proyecto de ley un añadido para permitir esa compatibilidad después de una ardua batalla de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que denunció el riesgo de desalojo de residentes y legítimos propietarios de sus inmuebles turísticos. Ahora, Podemos pide la supresión total de ese añadido y Nueva Canarias sugiere un desalojo a plazos en el curso de 8 años. Podemos no cita a nadie en la argumentación de su enmienda, a diferencia de Nueva Canarias, que sí recoge expresamente las sugerencias de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Pero se da la circunstancia de que ambas enmiendas contienen un párrafo prácticamente idéntico contra el uso residencial por parte de los pequeños y legítimos propietarios de bungalós y apartamentos.

La bomba ha estallado en el trámite de enmiendas parciales del proyecto de Ley del Suelo y de entrada ha dinamitado a Podemos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En este municipio turístico, el más importante de Canarias, la concejala Davinia Arbelo se convirtió en adalid y mejor defensora de los derechos de los pequeños propietarios turísticos cuando se conoció el propósito de condenar el uso residencial a través del nuevo Plan General de Ordenación, redactado por el anterior Gobierno regional de Paulino Rivero a través de la empresa pública Gesplan.

En su día, tanto Arbelo como la PALT se pusieron a la cabeza de una movilización sin precedentes de miles de pequeños propietarios del Sur. Alertados por la concejala y por la Plataforma, los afectados presentaron miles de alegaciones simultáneamente contra el Plan General y contra el entramado jurídico diseñado por el anterior Gobierno para proscribir el uso individual de los bungalós y apartamentos por parte de sus legítimos propietarios, ya como vivienda permanente, ya como segunda residencia. El paquete jurídico que Paulino Rivero dejó en herencia a Fernando Clavijo incluía también una prohibición expresa de que estos propietarios exploten sus inmuebles en el mercado de vivienda vacacional. En resumen: se obliga al uso turístico, pero solo a través de grandes empresas hoteleras, un caldo de cultivo que pocos meses después lanzó a los especuladores a comprar cientos de inmuebles en el Sur a precio de saldo por sus limitaciones de uso.

A día de hoy, un año y medio después de aquella movilización, ni el Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han dado respuesta alguna a las alegaciones. Técnicamente, la respuesta le corresponde al Gobierno, como autor material de la redacción del PGO a través de Gesplan.

Pero lo que sí hizo Fernando Clavijo fue escuchar las peticiones de la PALT e incluir en el proyecto de Ley del Suelo una disposición final que permite compatibilizar con el uso turístico el uso residencial preexistente. Se trata de un solo párrafo que valdría como único escudo protector a miles de pequeños propietarios que, sin él, quedarían condenados a una suerte de expropiación de facto de su propiedad. Esta se produciría si se activara el procedimiento de ‘sustitución del propietario disidente’ previsto en la legislación dictada durante el mandato de Paulino Rivero.

La sorpresa ha saltado en el trámite de enmiendas parciales: Podemos pide nada más y nada menos que la total supresión de la disposición añadida, mientras que Nueva Canarias propone desalojar a los residentes en el plazo máximo de 8 años. Lo más llamativo es que ambos grupos lo hacen mediante un párrafo prácticamente idéntico incorporado por ambos en la justificación de su propuesta.

Así, el de Podemos dice textualmente: “Declarar la compatibilidad general, definitiva, absoluta e incondicional del uso residencial existente en cualquier zona o ámbito turístico, incluso cuando resulten contrarios a la ordenación vigente es, sin lugar a dudas, la peor de las soluciones posibles, la más dañina para el sector turístico legal y consolidado”, tras lo cual pide la supresión de la disposición final añadida por Clavijo.

Curiosamente, este párrafo es prácticamente idéntico al que incluye Nueva Canarias, que aún lo endurece más con el recordatorio de que si hay uso residencial se puede invocar “la declaración de incumplimiento del uso” y, en consecuencia, la entrada del pequeño propietario en el ‘corredor de la muerte’ de la expropiación virtual.

Pero más curiosa aún es la fuente que cita Nueva Canarias, que menciona expresamente como fuente de la sugerencia a la Federación de Empresarios de Hostelería y turismo. Según este razonamiento de los empresarios que Nueva Canarias hace suyo, admitir la compatibilidad de uso turístico y residencial supondría “un efecto llamada que (…) pondrá en riesgo la continuidad de las explotaciones turísticas, especialmente del sector extrahotelero, dando vía libre a la proliferación del uso residencial en los establecimientos, sin que haya nadie que vele por el control efectivo de esta dinámica”.

Para rematarlo, NC invoca también el cuestionado principio de la unidad de explotación, una figura jurídica que obliga al pequeño propietario a pasar por el aro de explotadores turísticos que históricamente han causado la ruina de cientos de pequeños propietarios en el sur, en unos casos por la vía de esquilmar sus complejos sin rendir cuentas ni distribuir beneficios, en otros mediante el pago de contraprestaciones ridículas por la explotación exclusiva de sus inmuebles.

Podemos de San Bartolomé de Tirajana distribuyó este lunes un comunicado en el que rechaza frontalmente la decisión adoptada por el grupo parlamentario, pide que la enmienda sea retirada y pide solemnemente perdón “a los cientos de afectados que ya sufren las consecuencias de un entramado normativo que usurpa sus derechos y les coloca en situación de absoluta inferioridad ante buitres e inversores sin escrúpulos que aspiran a adueñarse de sus viviendas por cero euros”.

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